Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado.

El artículo 23 numeral 15 de la Constitución de la República reconoce “El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado”.

Las reflexiones que anteceden permiten avanzar a una nueva proposición: el silencio administrativo, esto es, la abstención de pronunciamiento en que puede incurrir la Administración Pública cuando le ha sido formulada una petición o pretensión, implica la violación de un deber de acción; y como tal, una infracción a la ley.

El efecto legal del silencio administrativo

En nuestro país parecería que el fenómeno del silencio administrativo se ha circunscrito a un puro problema de efecto legal. La discusión se centra entre quienes sostienen que la abstención debe calificarse de negativa, y los que propugnan y defienden el sistema imperante. Cada postura, a no dudarlo, tendrá respetables argumentos, pero cabe insistir en que el fenómeno del silencio administrativo es una patología compleja que, de estudiarse desde el único ángulo del efecto legal que debe dársele, como si en ello consistiese la mágica panacea de su solución, significaría algo similar a la pretensión de curar el cáncer con aspirinas.

Tomado de :http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2005/11/24/derecho-de-peticion-y-efecto-legal-del-silencio-administrativo-una-solucion-modesta
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